Graves afectaciones en la infraestructura del nuevo recinto legislativo y aun no se termina de pagar

La construcción del recinto legislativo inició en agosto del 2016 y hasta el momento, 2 años después, el inmueble ubicado en Avenida Dr. Guillermo Gándara, de la Colonia El Vergel, no se ha concluido al ciento por ciento, además, fue construido sin las licencias correspondientes emitidas por el ayuntamiento de Cuernavaca.

Comerciantes del mercado capitalino, Adolfo Mateos y los mismos habitantes de la colonia, se han manifestado en contra de la obra, pues aseguran que las vías de comunicación, el agua y el servicio de drenaje son insuficientes y temen que estos servicios públicos empeoren.

El presidente de la mesa directiva del Congreso, Alfonso de Jesús Sotelo, señaló que el recinto legislativo se está utilizando sólo en un 65 %, debido a que la obra está inconclusa y además, “se le adeuda a la empresa constructora procedente del Estado de Hidalgo, un aproximado de 95 millones de pesos, deuda que tendría que haber liquidado la 53 Legislatura; es lamentable que la diputada encargada de la entrega recepción, Hortensia Figueroa Peralta no cuente con información de dicha construcción”, mencionó.

Es importante señalar que hasta el momento, no existe un dictamen emitido por Protección Civil en el cual, la dependencia asegure que este inmueble puede ser habitable.

Lo que sí se puede observar a simple vista, son las más de cinco grietas en las escaleras principales, así como la nula construcción de rampas para personas con capacidades diferentes. En el primer piso, el barandal de las escaleras de lado izquierdo no se terminó, los apagadores son insuficientes, el elevador está inconcluso debido a que tiene una parte que no está tapada y, considerando que tiene un fondo de aproximadamente 4 metros, es un peligro tanto para los ocupantes como para los visitantes del Congreso de Morelos.

Este recinto es una de las obras que el gobernador Graco Ramírez se comprometió a hacer con el crédito de 2 mil 800 millones de pesos que le autorizaron los diputados de la anterior legislatura en el año 2013, la cual, de acuerdo al gobierno del Estado, costó 372 millones de pesos.