Se revela un acto de corrupción más de Graco: durante su mandato fabricó un delito para encarcelar a un argentino como un favor a la familia Riva Palacio

Héctor Gabriel Muzzio Arévalo, profesor de artes y de nacionalidad Argentina, lleva más de dos años privado de su libertad en el Centro de Reinserción Social de Atlacholoaya, acusado de abuso sexual en contra de sus hijos, pero asegura que “todo fue fabricado” en la Fiscalía General Estatal (FGE), por encargo del exgobernador Graco Ramírez, como un favor político a la familia del exgobernador Antonio Riva Palacio López.

EL 25 de octubre de 2016, a las seis de la mañana, Muzzio Arévalo, se disponía a salir de su casa,  ubicada al norte de Cuernavaca, para dirigirse a su trabajo, pero fue abordado por un grupo de hombres vestidos de gris, que llegaron en una camioneta obscura sin ningún logotipo y en un taxi de la cadena Citlalli.

Le informaron que tenía que acompañarlos a la fiscalía.
Muzzio intentó negociar que le permitieran ir a su trabajo para aplicar un examen a sus alumnos de la  universidad en la que impartía clases.
La respuesta fue negativa y se lo llevaron rumbo a la FGE.
“Sin mostrar una orden de aprehensión, sin decirme nada, me llevaron a la fiscalía, en el camino uno de ellos me dijo que me pase de ver… por picarle con el dedo con un guante a mi hijo. “Yo no entendí muy bien porque el significado de algunas palabras que usan aquí no lo ubico muy bien”, recuerda  Muzzio Arévalo, vestido con pantalón y camisa color beige, en medio del comedor comunitario del Centro Penitenciario, ubicado en el poblado de Atlacholoaya en el municipio de Xochitepec, durante el día de visitas.

Al llegar a la FGE, entonces a cargo de Javier Pérez Durón –sobrino de Elena Cepeda, esposa del gobernador- , se enteró que estaba acusado de abuso sexual en contra de su hijo de 10 años y de su hija de 8 años de edad, denuncia que asegura, interpuso su exesposa Victoria Riva Palacio Nieto.

Apenas pasaron un par de horas y fue trasladado al penal de Atlacholoaya, donde ya tenían todo dispuesto para realizar justo al medio día, la audiencia de vinculación.

En menos de una hora, se ordenó prisión preventiva y así inició un proceso judicial plagado de  irregularidades y omisiones, en el que curiosamente se desestimaron elementos importantes que mostraban que el delito y las pruebas, fueron fabricados.

Por ejemplo, se ignoró que los dos menores de edad fueron deliberadamente aleccionados para la audiencia por Diana Flores Segura, Ministerio Público de la FGE.

De eso quedó constancia en la causa penal JC/1005/2016 donde textualmente se trascribió la siguiente declaración realizada por el niño Muzzio, “estuvimos practicando para el juicio (…) con Diana”.

También se demeritaron los resultados de los exámenes médicos periciales, para saber si hubo algún tipo de abuso, dieron negativos.

Mientras que las declaraciones de Victoria, madre de los pequeños, son contradictorias con dichos exámenes.

Además, entre otras irregularidades, ella declaró falsamente que se divorciaron en 2015 para que  cuadrara con la fecha del abuso, cuando en realidad la separación se dio dos años atrás.

Héctor nunca dejó de pagar la pensión para los pequeños, “de eso hay evidencia antes las autoridades correspondientes”, señala.

El 20 de octubre de 2018, la jueza Yaredy Montes Rivera, emitió como sentencia definitiva 38 años de prisión para Héctor como responsable de abuso en contra de sus dos pequeños. 

Ante la resolución de la jueza, Héctor apeló su sentencia condenatoria, ante el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos (TSJ), que estaba ya a cargo María del Carmen Cuevas –quién se vio favorecida con un decreto emitido por el Poder Ejecutivo con el que se estableció 20 años de inamovilidad para magistrados -.

Sin embargo, el fallo fue desfavorecedor, porque incluso, ordenaron incrementar la sentencia a 42 años de prisión.

De tres magistrados que revisaron su caso, sólo Luis Jorge Gamboa Olea, observó algunas irregularidades del proceso jurídico, pero fue por mayoría de votos que se inclinaron por mantenerlo en prisión.

*ANTESALA DE LA PRISIÓN*

En 2013, Héctor y Victoria se divorciaron y empezaron las amenazas por parte de ella y  su padre  Felipe Riva Palacio Guerrero, de quitarle la patria potestad de los pequeños para llevarlos a otro país.

En alguna plática, su exmujer le reveló que tenía pensado estudiar con una beca en Australia, cuando eso ocurrió “yo le dije que entonces tendríamos que coordinarnos por el bien de nuestros hijos”, relata, Héctor.

Y los niños le revelaron que “su madre les decía que yo, su papá, estaba enfermo, yo lo supe porque un día mi hija me tomó el rostro con sus manos y me dijo: papito no quiero que te mueras yo te quiero mucho”, recuerda con voz quebrada.

De un día a otro empezaron las negativas por parte de Victoria para que Héctor pudiera visitar a los pequeños y, tras varios meses de no verlos, a finales de marzo y principios de abril del 2016, Héctor Gabriel Muzzio Arévalo demandó la guardia y custodia de sus hijos y planeaba emitir una alerta Amber, pero Victoria se adelantó.

“Siempre tuve claro del poder que tenía Victoria y su familia y lo constaté en cuanto me detuvieron”, dice Héctor, quien no pierde la esperanza de alcanzar justicia.

*“FUE UN FAVOR QUE ME PIDIERON DE ARRIBA”, PÉREZ DURÓN*

Pasadas las ocho de la mañana del 25 de octubre de 2016, Héctor logró hacer una llamada a una de sus compañeras de trabajo, a quién llamaremos Laura, (debido a que por temor a represalias pidió resguardar sus datos), para informarle que lo habían detenido, que estaba en la fiscalía y necesitaba un abogado.

“Yo conocía a Javier Pérez Durón, en ese tiempo fiscal estatal, así que recurrí a él para pedirle que me ayudara a saber lo que estaba pasando ya que no me daban información”, recuerda Laura.

Al llegar a la oficina del titular de la FGE, pidió que la anunciaran e inmediatamente fue recibida personalmente por Pérez Durón.

Laura le comentó lo que sabía hasta el momento: su novio de nacionalidad Argentina habría sido detenido y llevado a la fiscalía, entonces inició una conversación, que a casi tres años de distancia la tiene fija en su memoria.

JPD: !No me digas que el argentino es tu novio! Me hubieras dicho antes…
L: Me acabo de enterar yo también, no sabíamos nada.
JPD: No puede ser, ¿que no les notificó su abogado? Nosotros estamos trabajando en esto desde el mes de julio.
El fiscal llevó las manos a la cabeza.
JPD: “No puede ser, no puede ser…es un favor que me pidieron de arriba, el jefe y ya no está en mis manos”.

Ante el desconcierto de Laura, el fiscal le llamó a su asistente y le pidió que revisara si aún se podía hacer algo.

La mujer, vestida muy elegante, en tono serio le respondió: “no ya no hay nada que hacer, ya fue trasladado al penal”. 

Pérez Durón concluyó: “Laura mejor vete rápido al juzgado de Atlacholoaya, porque a las 12 es la audiencia”.

El fiscal ordenó que una patrulla la llevara a Atlacholoaya para que pudiera hablar con Héctor antes de la audiencia pero al llegar le impidieron verlo.

Pérez Durón nunca más le respondió una llamada o mensaje a Laura.

El favor lo habría pedido Graco Ramírez y su secretario de Administración Publica Carlos Riva Palacio Than, hijo del exgobernador Antonio Riva Palacio López y sobrino de Felipe Riva Palacio Guerrero, padre de Victoria y administrador del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes de México, CONACULTA, durante el gobierno del Presidente Felipe Calderón Hinojosa.

*LOS RIVA PALACIO VAN POR TODO*

Una vez que Héctor fue sentenciado, Victoria interpuso otra denuncia, ahora reclama que se le retiren  los apellidos paternos a sus dos hijos y con ello desligarlos completamente de él.

El próximo jueves está programada una audiencia en la que la jueza pidió revisar nuevamente algunas pruebas y hablar con los menores, porque tiene algunas dudas tras observar algunas irregularidades.

El profesor de nacionalidad argentina confía en que ahora que ya no está Graco Ramírez, las autoridades actuales podrán ordenar la revisión de su caso.

“Yo lo que pido es que se haga justicia y se termine con toda esta ola de mentiras; como decía el célebre filósofo griego Platón: La peor injusticia es la justicia simulada”.

Desde el penal de Atlacholoaya, Héctor solicitó al presidente Andrés Manuel López Obrador y al gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo, que intervengan y no pierdan de vista que es una víctima más de la corrupción que existe entre la clase política de México.