Gobierno de Graco incumple con alerta de género, lo que derivó en más feminicidios: CIDHM

El gobierno de Graco Ramírez incumplió con las recomendaciones para atender la Alerta de Violencia de Género (AVG) en Morelos, emitida en 2015, lo que ha derivado en un incremento de feminicidios en la entidad, denunció la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos (CIDHM), que tiene un registro de 851 feminicidios desde 2000 a enero pasado, 202 casos ocurridos durante la aplicación del procedimiento.

En conferencia de prensa, Paloma Estrada y José Martínez, integrantes de la organización civil, presentaron este miércoles un informe a dos meses de la implementación de la AVG, justo a dos años de su puesta en marcha en ocho municipios de la entidad: Cuautla, Cuernavaca, Emiliano Zapata, Jiutepec, Puente de Ixtla, Temixco, Xochitepec y Yautepec.

Tras reconocer esfuerzos mínimos por parte de municipios incluidos en la AVG para aplicar las observaciones formuladas por el grupo de trabajo que analizó el caso de Morelos, Paloma Estrada señaló que “el gobierno del estado no ha cumplido ninguna de las recomendaciones”, además de que actualmente no hay interlocutores con la CIDHM para dar seguimiento a la AVG por estar inmersa la entidad en un proceso electoral.

Estrada detalló que “personas que estaban encargadas de la AVG ya se fueron y a nosotros no se nos informó por escrito y no sabemos quién retomará el proceso de la misma; la encargada del tema en el estado, impuesta por el Ejecutivo estatal (Irais Ortega) también abandonó el puesto y no nos han dicho quién va a dar seguimiento”, situación que se repite a nivel federal con la renuncia de Alejandra Negrete, extitular de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim).

La defensora destacó que las renuncias de funcionarios en áreas tan sensibles como el seguimiento de la AVG constituyen uno de los obstáculos para dar seguimiento a las recomendaciones formuladas por el grupo de expertos, avalados por la Secretaría de Gobernación para emitir el mecanismo para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres en Morelos.

Igual manifestaron su alarma debido a que en los últimos dos años y medio de operación de la AVG, se cometieron 202 homicidios por razones de género, y cinco municipios que no estaban considerados en la declaratoria de 2015, “en 2017 se integran al mapa del feminicidio: Tlaltizapan, Atlatlaucan, Axochiapan, Jojutla y Miacatlán”.

La CIDHM ha documentado 851 feminicidios del 2000 al 31 de enero anterior, los cuales ocurrieron en 32 de los 33 municipios de la entidad, y han impactado a mujeres de entre días de nacidas a 94 años, siendo el rango más frecuente de mujeres asesinadas el comprendido entre 21 y 30 años.

Estrada reprochó la opacidad de instancias como el Tribunal Superior de Justicia y la Fiscalía General del Estado, que no han atendido las solicitudes de información de forma desagregada, de manera que se puedan tener datos certeros de la situación de violencia contra las mujeres.

En el caso de la Fiscalía, apuntó, ha informado de mil 445 muertes violentas de mujeres, rango en el que se incluye todo tipo de fallecimiento por homicidio doloso, homicidio culposo, suicidio, aborto y feminicidio.

En el caso del TSJ, explicó que cuando la organización solicitó la AVG en 2015, año en el que había contabilizado 530 feminicidios, el Poder Judicial de Morelos sólo había emitido una sentencia condenatoria, “por lo que el nivel de impunidad era de más de 98%”.

A dos años y medio de la implementación, el TSJ dio una cifra que no está desglosada por el tipo de sentencia en casos de feminicidio, condenatoria o absolutoria, por lo que Estrada prefirió reservarse los datos hasta que la instancia responda de manera clara a los cuestionamientos de la organización.

“Por información periodística, lo que hemos visto es que las sentencias oscilan entre siete y 12 años de prisión para casos de feminicidios, lo que significa que el delito no está siendo castigado de manera ejemplar”, apuntó la defensora.

Entre las deficiencias de la aplicación de la AVG en Morelos, la CIDHM resaltó la falta de funcionamiento de un banco de datos sobre hechos de violencia hacia las mujeres, así como la inexistencia de una unidad de contexto en la Fiscalía General “para investigar y sancionar el feminicidio”.

Tras atribuir “a responsabilidades institucionales las causas de que no se erradique el feminicidio”, el informe de la organización puntualizó que, “si no hay continuidad en las políticas y acciones de las instituciones, más lejos quedan los objetivos trazados. Medidas emergentes, reacciones lentas y discontinuadas, no son la solución”, sentenció.

Fuente: Proceso