En Morelos pagan justos por pecadores 

Empresas e inversionistas ligados con el ex diputado federal por el Partido Verde Ecologista, Jorge Antonio Kahwagi Macari y con capitales de dudosa procedencia, a los que el gobierno de Morelos benefició al otorgarle la concesión para operar el negocio de los Centros de Verificación Vehicular, incumplen y retrasan el inicio de este programa ambiental, en perjuicio de cientos de automovilistas que se ven impedidos de viajar a la Ciudad de México, para evitar ser multados por no contar con esta norma establecida para circular en la capital del país.

Ante esta situación, cientos de automovilistas afectados por el incumplimiento en la aplicación de este programa ambiental que lleva ya casi diez meses de retraso en la entidad, manifestaron su descontento debido a que en Morelos pagan justos por pecadores.

Lo anterior, luego de que las autoridades ambientales del gobierno local que encabeza el perredista Graco Ramírez, se hicieron de la vista gorda, al pasar por alto el incumplimiento de normas y obligaciones establecidas en la convocatoria, con la que se concedió la licitación, a las empresas con las que Jorge Kahuawi opera este jugoso negocio en varios estados del país, con la misma acta constitutiva.

Según la autorización que se entregó por el gobierno de Morelos el día 07 de diciembre del año 2016, de acuerdo a la publicación del periódico oficial Tierra y Libertad, así como en la convocatoria en donde se establece que a partir de esa fecha deberán de trascurrir 90 días (no señala si hábiles o naturales), para poner en marcha la aplicación del programa de verificación vehicular.

Sin embargo, hasta el día de hoy, han pasado más de 90 días del plazo establecido en la convocatoria para iniciar la operación de los Centros de Verificación Vehicular y aún no hay fecha definida para la implementación de este programa ambiental, lo cual debió ocurrir el pasado 7 de marzo de este año.

En consecuencia, lejos de aplicar la respectiva sanción, el gobierno local concedió una prórroga de 30 días, para beneficiar aún más, a las empresas relacionadas con el influyente empresario, quien obtuvo la respectiva licitación para operar este negocio que también controla a manera de monopolio en la Ciudad de México, así como en los estados de Puebla, Estado de México, Quintana Roo, Chihuahua  y ciudades como Tijuana, Baja California, Guadalajara y ahora en Morelos.

A las protestas de automovilistas afectados por el incumplimiento en la aplicación del programa de verificación vehicular en la entidad, se sumaron a las demandas y litigios legales iniciados ante tribunales judiciales e instancias federales y a nivel local, por hombres de negocios e inversionistas, así como empresarios, ex propietarios de verificentros, quienes aseguran haber sido despojados de manera “tramposa y alevosa” de sus concesiones por parte de las autoridades del gobierno estatal.

De acuerdo con la versión de representantes del sector industrial y empresarial del estado, hasta el momento son diversas las denuncias y procedimientos de impugnación realizados para que las autoridades del gobierno del estado revoquen el proceso de licitación y lancen una nueva convocatoria que garantice la legalidad y transparencia en el otorgamiento de las concesiones de los 12 Centros de Verificación Vehicular que funcionarán en el estado.

Además, ya son más de diez los juicios de amparo promovidos ante tribunales y juzgados del orden federal y estatal, por parte de empresarios ex propietarios de “verificentros”, quienes denunciaron haber sido despojados “tramposamente” de la concesión de su negocio, sin que haya concluido previo contrato.

Según los ex concesionarios, los Kahwagi se quedan con una buena parte del pastel vía sus relaciones políticas y el empleo de prestanombres, lo que les permite pasar por encima de las reglas establecidas en entidades como Morelos, donde sólo se otorga una concesión por persona o razón social.

Reacios

Los ex concesionarios inconformes con la maniobra con la que fueron despojados de sus negocios y el “amañado” proceso de licitación, aseguran que el posible vínculo entre el gobierno de Graco Ramírez y Kahwagi es José Francisco Trauwitz, quien fue funcionario del gobierno morelense y cuyo primo ocupó la Secretaría de Turismo con Rafael Moreno Valle, en Puebla.

En esta última entidad, la Profepa clausuró en julio del año pasado, varios verificentros propiedad de los Kahwagi, socios y prestanombres, luego de ponerse al descubierto los vicios, corruptelas y negligencias con las que operan en esa entidad.  Lo delicado del asunto advirtieron, es que la verificación vehicular se implementó para mejorar el medio ambiente, pero tal parece que a las autoridades locales no les importa que este programa ambiental lleve más de 9 meses de haber sido suspendido, en perjuicio de cientos de automovilistas, con tal de beneficiar en este lucrativo negocio a socios, amigos, prestanombres e incondicionales del ex diputado Jorge Kahwagi.