María Luisa Villanueva, encarcelada injustamente, pide al fiscal se investigue con perspectiva de género

Un juez ordenó a Fiscalía de Morelos que investigue un caso de tortura cometida por policías  de la Unidad Antisecuestros hace 20 años.

Después de 21 años en prisión María Luisa Villanueva Márquez, acusada injustamente de haber participado en un secuestro en el periodo del ex gobernador Jorge Carillo Olea, logró que un juez le concediera un amparo para que la Fiscalía General Estatal (FGE), investigue la tortura a la que fue sometida por policías del Grupo Antisecuestros en 1998, cuando fue detenida.

El pasado 27 de agosto, el  Juez Sexto de  Distrito determinó amparar a María Luisa al considerar que el delito de tortura que denunció no prescribe y, ordenó a la FGE que inicie las investigaciones para determinar las condiciones en las que fue detenida y acusada.

La Fiscalía fue notificada el 28 de agosto y contó con 10 días hábiles para iniciar un recurso de revisión en un Tribunal Colegiado, el plazo se agotó el pasado 10 de septiembre.

Ahora, el fiscal estatal Uriel Carmona Gándara, tiene hasta el próximo viernes para ordenar el inicio de las investigaciones y de no hacerlo, podría hacerse acreedor a multas y sanciones, informó en conferencia de prensa Eutiquio Dimían Santiago, abogado de María Luisa desde junio del 2014, cuando rescató el caso en busca del reconocimiento de inocencia.

A los 15 minutos de haber iniciado el encuentro con los medios de comunicación, María Luisa fue enlazada vía telefónica para exigir al fiscal frene la revictimización a la que por más de 20 años esta instancia – primero la Procuraduría General de Justicia y hoy la FGE- la ha sometido, al violentar una y otra vez sus derechos.

“La mayor dificultad que encontré en el camino es la resistencia de la antigua procuraduría, cuyos operadores inferiores han puesto toda suerte de obstáculos, en mi reclamo intenso de lucha se me ha concedido en dos ocasiones un amparo, el último con fecha del 27 de agosto y corresponde a usted atender. De ahí que le pido de forma muy comedida que se agilice la investigación ya ordenada por la justicia  federal con altura de miras con honradez, rectitud profesionalismo y se garantice mi derecho legítimo el acceso a la justicia, que hasta hoy las autoridades estatales me han negado“, dijo.

Y recalcó que fue detenida, acusada, juzgada y obligada a pagar una condena a 30 años de prisión por  un delito que no comentó y en medio de un proceso judicial con diversas irregularidades y omisiones, puesto que fue torturada y fabricaron pruebas y testigos.

“Sólo puedo darles a ustedes la garantía de mi palabra, tengo las manos limpias no soy culpable y siguiendo la divisa del señor presidente de la República, no quiero venganza sólo quiero justicia”, añadió.

En la nueva etapa de lucha – reiniciada en 2014- María Luisa presentó una denuncia ante la aún PGJ – a cargo de Rodrigo Dorantes, (ubicado por que fue el periodo donde se permitió la inhumación clandestina de las fosas de Tetelcingo), reclamando el reconocimiento de su inocencia y denunciando la detención ilegal, la tortura y las irregularidades por las pruebas y testigos.

Sin embargo, rápidamente la PGJ respondió que todo lo reclamado había prescrito.

Eutiquio Dimían Santiago se inconformó y presentó un alegato para que dicha instancia revisara  nuevamente el caso, pero el resultado es el mismo. Entonces inició un proceso de seis años ante los  Tribunales.

Hoy en día, sus amigos, familiares y defensor legal, piden que se investigue utilizando el protocolo  para aplicar justicia con  perspectiva de género.

Detención irregular  y tortura
María Luisa es originaria de la comunidad El Ocotillo situada en el municipio de Coyuca, en el Estado de Guerrero, fue condenada a 30 años de prisión acusada de ser parte de una banda de secuestradores y por haber secuestrado el 22 de junio de 1997, a una niña de nombre “Sara”, así consta en la causa penal 06/1998.

El 6 de enero de 1998, María Luisa cenaba junto con Catalino Martínez Jiménez – su entonces pareja-  en el restaurante “Los Porkys”, situado en la colonia Galeana del municipio de Zapatepec, cuando irrumpió un grupo de agentes de la Policía Antisecuestro del Estado de Morelos – entre ellos según constan en la puesta a disposición, iban José Guadalupe Reyes, Fernando Paredes Meza y Edgar Chávez Rodríguez-, iban con rostro cubierto por pasamontañas.

Durante cuatro días fue sometida a todo tipo de tortura, golpes, abuso sexual, vejaciones y amenazas.

Después cuatro días fue trasladada junto con otras personas a la entonces Procuraduría General del Estado (PGJ). En los separos, nuevamente fue golpeada y amenazada de decir sí a todo lo que se le preguntara.

Lo siguiente fue un careo llenó de irregularidades donde fue inducida la identificación, luego se  aseguró que fuera detenida en posesión de una joyas que fueron recuperadas un mes atrás en la detención de un grupo de secuestradores, que confesaron, haber secuestrado a otro niño y  a la niña Sara. 

En esa época, la Procuraduría General de Justicia (PGJ) estaba a cargo de Carlos Peredo Merlo y el Grupo Antisecuestros, a cargo de Armando Martínez Salgado, mientras que la Policía Judicial estaba bajo la dirección de Jesús Miyazawa Alvarez.

Tiempo después, se conoció que desde esa instancia se coordinaban secuestros y se torturaban personas para obligarlos a declararse culpables de diversos delitos, entre ellos secuestros.